Argumentos para seguir eliminando la violencia contra la mujer rural

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora mundialmente el 25 de noviembre. La ONU hace un llamado para que la violencia no siga siendo un obstáculo para que mujeres y niñas puedan alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto por sus derechos humanos.

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En Colombia las mujeres han librado grandes batallas por sus derechos y prueba de eso está consignado en las leyes y normas de la Constitución de 1991, así como las iniciativas e instrumentos que las ampara a nivel internacional. Para el caso de la mujer rural en el país, su reconocimiento empezó desde 1981 con la aprobación de la Ley 51.

Dicho estatuto contempla la eliminación de la discriminación de las mujeres rurales, asegurando su participación en los Planes de Desarrollo a nivel nacional, departamental y municipal. Además, establece el acceso a las tierras, créditos, préstamos agrícolas, comercialización y tecnologías apropiadas. El acceso a servicios médicos, beneficiarse de la seguridad social, educación y formación, acceder a los planes de vivienda, servicios de electrificación y transporte, también componen la Ley.

Luego, con la Constitución de 1991 vendrían los artículos 13, 40, 42 y 43, en 1994 la Reforma Agraria y en 2002 la Ley 731 de 2002. Esta última “tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural”.

Las normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, vendría con la Ley 1257 de 2008. Y en el mismo año el Auto 092, sobre la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado.

Asimismo, con la ley 1719 de 2014 se adoptaron medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual ocasionadas por el conflicto. Además, la Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely), que tipificó el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación.

Por último, con la creación en 2014 de la Subcomisión de Género se abre una puerta para que las mujeres participen de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Esta participación de la mujer, de diversos sectores del país y de las mismas Farc, trabajaron para que en el Acuerdo Final quedaran estipuladas 100 medidas para garantizar sus derechos.

Del aparato legal al cumplimento

Aunque se cuente con un amplio marco legal para la protección de la mujer en Colombia y la radiografía histórica contemple su protección, aun así hay muchas cosas que no mejoran, cosas que se han quedado en el papel. Las cifras dan cuenta de esto, tan solo por feminicidio entre 2017 y 2018 han muerto 1.724 mujeres en el país.

El rol que ha desempeñado la mujer rural en el territorio es liderar y defender los derechos de su comunidad, actividades que la han vuelto objetivo militar de grupos armados ilegales y del interés de terceros. En un boletín sobre la situación de las defensoras de derechos humanos publicado por la Corporación Sisma Mujer en octubre de este año, revela “el mayor incremento en los asesinatos a nivel porcentual contra ellas en los últimos años, así como los riesgos desproporcionados y extraordinarios de género que las afectan de manera diferencial”.

Esta “situación crítica” evidencia que las lideresas y defensoras enfrentan múltiples riesgos por su trabajo, que a su vez se encuentran asociados al hecho de ser mujeres en una sociedad que las discrimina por serlo. Esta violencia sociopolítica y de género sobre su trabajo y liderazgo, limita sus posibilidades de ser actoras de cambio y gestoras de paz en sus territorios.

De acuerdo con un informe de Somos Defensores, de enero a junio de 2017 una lideresa/defensora de derechos humanos fue asesinada cada 26 días y medio. En 2018 y en el mismo periodo, la frecuencia es de 23 días. Esto representa un incremento en la tasa de asesinatos en los últimos años de 113, 3 % de 2016 a 2017 y de 14,3% de 2017 a 2018, según el informe.

Asimismo, los departamentos con más asesinatos en contra de defensoras y lideresas son Antioquia, La Guajira, Cauca, Norte de Santander y Meta, según la Corporación Sisma. El tipo de liderazgo ejercido por las defensoras asesinadas entre 2017 y 2018 tiene que ver con ejercicios comunitarios (33, 3%), comunal (29,2%) y liderazgo indígena (8,3%).
Ante el panorama, se puede observar un aumento generalizado de la violencia letal contra lideresas y defensoras de derechos humanos. Este tiene un efecto diferenciado en cuanto a la forma de violencia utilizada, pero que expresa un incremento de los asesinatos en los últimos años contra ellas.

Datos que alarman a la ONU

Según esta organización, “la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual”. Sin embargo, sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

La violencia en contra de la mujer se presenta de forma física, sexual y psicológica. Estas están asociadas por la acción de un compañero sentimental, violencia sexual y acoso, trata de seres humanos, mutilación genital y matrimonio infantil.

Por: Andrés Neira. Periodista
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.

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